La Guardia Civil investiga la supuesta destrucción de documentos que pondría de manifiesto el fraude de los ERE falsos en la Junta de Andalucía y la elaboración de otros nuevos para justificar determinadas actuaciones.
A los investigadores les consta que altos cargos del Gobierno andaluz, vinculados a la Consejería de Trabajo, ordenaron a «funcionarios de confianza» que realizaran la destrucción de documentos, triturando pruebas. Lo curioso es que esa maniobra se habría realizado un fin de semana de principios del año pasado, en concreto un domingo.
Dicha acción de destrucción de documentos supuestamente tuvo lugar poco después de que la juez instructora, Mercedes Alaya, solicitara documentación al Gobierno, en enero de 2011.
Los investigadores han recabado información en los últimos meses sobre lo ocurrido y han aportado a la juez los indicios de que se produjo dicha destrucción de documentos. Existía la sospecha, avalada por algunos testimonios que aún no constan en la instrucción, pero no la confirmación porque los agentes preferían mantener en secreto esa parte de sus pesquisas. El pasado jueves fue el propio ex director de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, imputado, quien les aportó más luz cuando le tomaron declaración en la Comandancia de Sevilla. Guerrero declaró que tenía «conocimiento (por funcionarios que no quiere identificar) de que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla».
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