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El Parlamento aprobó ayer por unanimidad la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, que sustituye a la de 1984 y que refuerza la protección de los archivos históricos, pero también favorece su acceso por los ciudadanos. La digitalización de documentos ha inspirado esta ley que deberá cambiar el modo de acceder al patrimonio documental en peligro por su antigüedad o por su condición de incunable.

Con la digitalización de documentos ya no habrá peligro. Por ello el consejero de Cultura, Paulino Plata, manifestó que el objetivo de la norma sigue siendo la tutela de la herencia documental, pero su prioridad nueva es la de «hacerla más fácilmente accesible a los ciudadanos».

La externalización de los archivos y procesos permite rebajar los costes hasta en un 50%, lo que esta asegurando la supervivencia de gran cantidad de empresas.

Las empresas, instituciones y organismos públicos acumulan cada vez un mayor número de documentación, bien por los cambios de la legislación, que les obligan a conservar más documentos y facturas por más tiempo, o bien por el aumento de los servicios contratados, las compañías amasan cantidades ingentes de información.

Un correcto almacenamiento de estos archivos y una distribución ordenada para poder disponer de ellos cuando sea necesario es vital para la operatividad y la productividad de una Empresa.

A esta problemática se unen los factores relacionados con el espacio que ocupan estos archivos, que con el alto precio del suelo encarece el almacenaje en las oficinas, así como el riesgo de deterioro o destrucción del papel, como en caso de incendios.

Finalmente, la Ley de Protección de Datos obliga a la contratación de servicios de destrucción confidencial de documentos para asegurar que no se trafica con datos personales, por lo que tienen que externalizar este proceso.

Todas estas necesidades y obligaciones al que se enfrentan las empresas hace muy costoso todo el proceso de guarda y custodia de documnetos, así que lo más efectivo y rentable es contratar a compañías dedicadas a la digitalización de documentos.

Este sector está formado por sociedades especializadas en la custodia de documentos y conservación de los mismos, además de su clasificación y catalogación para facilitar su recuperación.

Esta actividad está viviendo un proceso de transformación en el que la innovación tecnológica es el nuevo vehículo.

La digitalización de los documentos es un gran paso que facilita los procesos internos de las empresas y que supone un ahorro importante. “El sector de la digitalización de documentos es ahora mucho más que el archivo y conservación de información”

En A-Z_ gestionamos “todo el ciclo de vida de la información en la su empresa”.

Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en este proceso, la digitalización de documentos es solo el primer paso para rebajar los gastos. Las nuevas tecnologías permiten custodiar la información con diferentes formatos y contenidos, y puede clasificarse con mayor facilidad estando siempre disponible.

La llegada de la crisis ha dinamizado el sector y multiplicado la demanda. La caída de los ingresos se intenta compensar con un control del gasto no productivo para cuadrar los balances. Las compañías, cada vez más,están externalizando todos estos procesos que suponen una reducción de costes de hasta el 50%. Un auténtico salvavidas para las empresas.

Otra mañana de actividad intensa en la calle de Gibraltar de Salamanca.

Eran poco más de las siete y media cuando el Ministerio de Cultura ejecutaba el traslado de los documentos aprobado en el último patronato del Centro Documental de la Memoria.

Viajan a Cataluña donde se realizara la custodia de archivos unas 365 cajas según la comunicación oficial, 727 según el listado real publicado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Estado.

Según la denuncia efectuada por fuentes cercanas al Centro de la Memoria, hacia la custodia de archivos en Cataluña viajan 800.000 documentos, lo que supone el mayor traslado de la historia del antiguo Archivo de la Guerra Civil, incluida la salida de las primeras 507 cajas.

El Ministerio señaló ayer que con esta nueva salida se «cumple con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 21/2005», al tiempo que afirmó que «de esta forma, el proceso de restitución queda prácticamente finalizado, quedando tan sólo un último grupo de documentos y objetos pendientes de su análisis en la Comisión Mixta».

Tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la Junta de Castilla y León han expresado su oposición a una salida de fondos para la custodia de archivos en Cataluña, amparada en una «decisión política y no técnica».

Además, la consejera de Cultura, Alicia García, había reclamado al Ministerio de Cultura que postergara cualquier decisión hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Restitución Documental del año 2005.

El portavoz nacional del BNG, Guillermo Vázquez, lamentó hoy la desaparición del “Códice Calixtino” y opinó que debería abrirse un debate acerca de si la custodia de documentos de tanta importancia, como el desaparecido el pasado martes en la Catedral de Santiago de Compostela, deben de estar en manos de la Iglesia Católica.

Vázquez declaró en rueda de prensa que estaría bien aclarar el papel de la Iglesia y abogó por la custodia de documentos de este tipo por parte de las instituciones públicas.

Asimismo, expresó su deseo de que se pueda recuperar cuanto antes el “Códice Calixtino”, pieza del siglo XII desaparecida.

Para Vázquez, las circunstancias del caso son sorprendentes, ya que no está claro el momento del posible robo, ni el tiempo que tardaron los responsables eclesiásticos en denunciarlo. Deben de ofrecer una explicación desde el punto de vista de la custodia de documentos, haciendo salvedad de que un robo siempre puede tener lugar, dijo.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, anunció hoy que su departamento emprenderá una reforma en la “gestión” y “custodia” de los documentos internos para evitar filtraciones y sugirió la necesidad de “revisar” la Ley de Secretos Oficiales.

En los Desayunos Informativos de Europa Press, el ministro defendió “dar un golpe de timón serio” a la situación actual en la que parece, según Moratinos, “que todo se puede filtrar” y enviar a los medios de comunicación.

Tras la publicación en la prensa de documentos que probaban que Estados Unidos pidió permiso al Gobierno de José María Aznar para que aviones que trasladaban presos a Guantánamo pudieran hacer escala en España, así como el reciente documento reservado del cónsul de España en Sao Paulo sobre el incidente sufrido por el dirigente del PP Alfredo Prada en un aeropuerto brasileño –desvelado por Europa Press– Moratinos informó hoy de que se ha constituido en el Ministerio un grupo de trabajo dirigido por la subsecretaria María Jesús Figa para estudiar esta reforma.

La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias de investigación penal sobre la posible destrucción de documentos en la Diputación de Granada, que podría suponer un delito de infidelidad en la custodia de documentos, y por la rueda de prensa que ofreció el PP informando del asunto que, de no ser cierto, podría incurrir en un delito de calumnias.

En la resolución, hecha pública este martes por el PP en rueda de prensa, el Ministerio Público recoge tanto la denuncia que en su día presentó el actual presidente de la Diputación en funciones, Antonio Martínez Caler, como la que presentó a su vez, un día después, el PP, que acompañó a su escrito varios recortes de prensa en los que se informaba de facturas de la institución supuestamente encontradas en la basura.

Según expuso en el documento Martínez Caler, el PP, concretamente su secretaria general en Granada, Luis García Chamorro, y su portavoz en la Diputación, José Robles, manifestaron que varios camiones se estaban llevando gran cantidad de documentación para realizar la destrucción de documentos algo que es, según señalaba, una afirmación “radicalmente falsa”.

Por su parte, el PP apuntaba en su denuncia que había tenido conocimiento de unos hechos que podían revestir indiciariamente carácter de delito aportando informaciones periodísticas sobre la supuesta destrucción.

Las dos denuncias son objeto ahora de una investigación conjunta por parte de la Fiscalía, que considera que los hechos relatados en ambos documentos revisten “prima facie y sin perjuicio del resultado” de la investigación, relevancia penal, concretamente de un delito de calumnias y de otro de infidelidad en la custodia de documentos.

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Archivo Histórico Diocesano

Más de un siglo de antigüedad en papel se esconde en la planta baja del Palacio Episcopal de Sigüenza. Documentos fechados desde 1491, el más antiguo (copia de un Libro Becerro fechado entonces), hasta 1900, rayando el siglo XX conforman el Archivo Histórico Diocesano, que dirige el arcipreste de Sigüenza-Atienza y canónigo de la Catedral, Pedro Simón Carrascoso.

El archivero diocesano custodia con mimo y celo casi 100.000 documentos catalogados y perfectamente identificables que atesoran información variada, desde asuntos histórico-políticos, de ermitas o bulas hasta expedientes matrimoniales apostólicos y no apostólicos, de expolios, de jubileos y juicios así como informes de plata extraída, pleitos, prebendas, procesos criminales.

En los doce últimos años, el Archivo Diocesano ha renovado sus instalaciones y salas de estudio, así como los sistemas y mecanismos de catalogación y conservación de los fondos. Genealogistas e investigadores que trabajan tesis doctorales y similares son los estudiosos que más acuden a consultar los fondos de un archivo que creció, sobre todo, “en el siglo XX a raíz de las Asambleas Plenarias del Episcopado español de 1973 y 1980; se aconsejó que toda la documentación parroquial se concentrase en un Archivo diocesano para su mejor conservación y consulta”.

Las guerras fueron las que ocasionaron mayor daño al patrimonio. Las guerras carlistas (1833-1876), lo deterioraron en “algunos pueblos de la zona de Molina de Aragón”. La “destrucción y rapiña por parte de los franceses, como se hace constar en bastantes libros parroquiales”, describieron la Guerra de la Independencia (1808-1814). La Desamortización de Mendizábal (1836), “época que afectó principalmente a los monasterios”, se dejó sentir en “alguna parroquia”, que sufrió “el robo de documentos”. La Guerra Civil acabó con “todos los libros de muchas parroquias”, que fueron pasto de las llamas, especialmente en toda la zona de la actual autovía de Aragón, Campiña y buena parte de la Alcarria. En muchos casos, lo más antiguo data de 1940.

Tres días antes de celebrarse el juicio al procesado, F.J.M.F., que estaba previsto para la semana que viene con jurado popular en la Audiencia Provincial, las partes han acordado que sea condenado a un año de prisión, uno menos de lo que pedía en principio el fiscal, por un delito de infidelidad de custodia de documentos.

Además, F.J.M.F. ha sido condenado a tres años de inhabilitación para cargo público y a pagar una multa de 434 euros.

Los hechos se remontan al 22 de mayo de 2008, cuando el procesado era personal laboral contratado en el servicio de Correos, según el relato provisional del Ministerio Público.

El acusado, encargado del reparto de la correspondencia de varias viviendas de la calle de Fermín Caballero, “lejos de realizar su cometido”, arrojó las cartas a un contenedor situado en la parte posterior del Hotel Mirasierra.

Sólo se pudieron recuperar dieciocho cartas del número indeterminado que el acusado tiró a la basura.

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El gerente era consciente de que precisaba el visto bueno del alcalde para exhumar cadáveres, pero el edil del área le permitió obviar este trámite.

El gerente de la UTE Edifincas Menorca-Funeraria Bonet, Francesc Cavaller, admitió ayer ante el titular del Juzgado número uno de Ciutadella, Sergio López, que «durante once meses» entre enero y finales de 2005 se llevaron a cabo y cobraron permisos por exhumaciones e incineraciones de cadáveres sin recabar la preceptiva autorización previa del alcalde. Pero si se obró así, asegura, fue por indicación expresa de «los servicios jurídicos y el área de cementerios», cuyo concejal Santiago Pons Fedelich le «autorizó expresamente» a saltarse el decreto de policía mortuoria y «hacer los permisos» por su propia cuenta. «Nunca nos dijeron que no podíamos hacerlo», remarcó.

Cavaller, quien dijo conocer que «era obligatorio recabar una autorización administrativa previa», implicó con sus declaraciones a los responsables jurídicos y políticos del anterior gobierno del Partido Popular en Ciutadella, quienes le daban indicaciones «siempre verbalmente, nunca por escrito». Pero aclaró «no vio nunca al alcalde» (Llorenç Brondo) en estas reuniones.

El empresario, que ha sido imputado en la querella interpuesta por la Associació en Defensa de Sa Propietat por un presunto delito de estafa, declaró ante el juez que, pese a ser «conocedor» de la legislación funeraria, considera «un contrasentido» que el Ajuntament le requiriese al año de iniciar la prestación del servicio que a partir de entonces sí tramitara los permisos ante el alcalde. En las bases del concurso por el que Edifincas y Funeraria Bonet asumieron la concesión del servicio «se les delegaba toda la gestión administrativa, así como la custodia de documentos», por lo que, cuando recuperó el control de estos trámites, «el Ayuntamiento no tenía ningún documento ni libro del cementerio para dar las autorizaciones».

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El juez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instruye la denuncia contra el juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por prevaricación en el cambio de visitas de un niño, ha imputado en la causa a una funcionaria de su juzgado que borró un acta de comparecencia.

Fuentes del caso han informado que la funcionaria F.L.M. declaró el pasado 21 de marzo ante el TSJA como testigo pero a la vista de sus manifestaciones, el juez instructor suspendió el acto y acordó citarla en calidad de imputada el viernes 1 de abril.

“Para garantizar los derechos de la declarante”, el juez Miguel Pasquau acordó continuar la declaración bajo la condición de imputada por los delitos de falsedad en documento público o, en su caso, de infidelidad en la custodia de documentos.

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Fuente: www.20minutos.com

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un total de cuatro años de prisión al ex alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo (Córdoba) Miguel Martínez Múrez (PA) por los delitos de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos.

Según la sentencia, el juez considera probado que el día 26 de septiembre de 2006, Martínez Múrez, entonces alcalde de Encinarejo por el PA, recibió en su despacho a representantes de una entidad mercantil que le presentaron un proyecto de construcción de dos viviendas en esta localidad.

Una vez que recibió la documentación con la solicitud, hizo el cálculo de la tasa por la licencia de construcción, fijándola en 4.413 euros. Igualmente, les indicó que le trajeran el dinero en metálico. Pocos días después, uno de los representantes fue de nuevo a el Ayuntamiento y lo atendió Martínez Múrez, a quien le entregó el importe de la tasa, dándole el oportuno recibo que fechó el 28 de septiembre de 2006.

La sentencia recoge que el procesado “recibió el dinero, lo hizo propio, confeccionó y firmó el acuerdo de concesión de licencia, entendiéndolo así el solicitante”. Añade la resolución judicial que “la documentación la retuvo en su poder ocultándola, sin dejar constancia alguna en los registros y archivos de la ELA de Encinarejo”.

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2007, ya con nueva Corporación y nuevo alcalde, se advirtió el derribo y construcción que estaba llevando a cabo la entidad mercantil, cuyo representante exhibió la documentación en su poder justificativa del pago de licencias de obras.

Iniciadas las pesquisas para buscar el expediente que le sirviera de soporte, no se encontró nada más que un archivo informático de licencia de obra nueva. Advertido de ello Martínez Múrez, entonces concejal de esa entidad, realizó un ingreso por importe de 4.414 euros en cuenta titularidad de la misma señalando como referencia el pago de licencia de esa construcción, y con igual fecha y a través de una empresa de mensajería, remitió la documentación que mantuvo en su poder, indicando a la referida constructora como remitente, y que incluía toda la que recibió del denunciante para obtener licencia.

Por estos hechos, el ex alcalde ha sido condenado a tres años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años por un delito de malversación de caudales públicos y un año de prisión y multa de siete meses con una cuota de seis euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante un año por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Además, ha sido condenado a 12 meses de multa con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años por un delito de prevaricación urbanística. Por tales hechos, el fiscal pedía un total de seis años de cárcel, por lo que finalmente se han rebajado a cuatro. El juez hace constar que contra dicha sentencia cabe recurso de casación.

El presidente de A-Z, José Gallego, se desplazó la pasada semana hasta las oficinas de la asociación ASEMOL para firmar un convenio de colaboración con dicha entidad.

Allí, el presidente y portavoz del grupo de empresas, Diego Nicolas, felicitó a Gallego por las facilidades y condiciones que A-Z ha puesto a disposición de las pymes y autónomos que forman la Asociación de empresarios, las cuales, desde la fecha de la firma, ya disfrutan  de custodia de archivos, digitalización de documentos y destrucción de documentos de una forma confidencial, profesional y económica. Además, Gallego se comprometió a revisar personalmente las condiciones expuestas a los socios una vez que se entablaran los contactos pertinentes. “Es posible que estas condiciones sean aún más favorables una vez que estudiemos los casos individualmente”, concluyó.

Aún así, las condiciones firmadas recogen un 100% de descuento en la instalación del software de gestión documental, un 40% para el servicio de custodia de archivos y un 20% para la destrucción de documentos confidenciales.

Con estas mismas condiciones se prevé que otras asociaciones de empresarios, se unan al grupo de asociaciones interesadas en aprovechar las ventajas que durante el 2011 ofrece la empresa A-Z.

Fuente: www.laopinion.es

Con respecto a la custodia de archivos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia por medio de la cual exime al Archivo Histórico Provincial del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dado su carácter de dotación educativa.El Ministerio de Cultura presentó en su momento el recurso después de que el Ayuntamiento de La Laguna denegara la solicitud para no abonar la contribución urbana.

El Juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Santa Cruz dio la razón al Estado, en primera instancia, en una sentencia que luego ha sido confirmada por el TSJC. El Ayuntamiento consideró que la interpretación para proceder a las exenciones y beneficios fiscales debe ser restrictiva y únicamente pueden acogerse a las mismas los servicios educativos, “entendidos como los relacionados directamente con la enseñanza, investigación y cultura”.

La Corporación local apuntó que la Ley de Patrimonio Histórico diferencia los archivos de las bibliotecas en cuanto las segundas no están al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información, mientras que los archivos se centran en la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa, no incluyendo el servicio a la educación. El Ministerio de Cultura, sin embargo, defendió que el Archivo Histórico se encuentra “directamente” vinculado a los servicios educativos. “El objeto de este organismo es la custodia de archivos con valor histórico en el ámbito de la provincia, que tienen valor cultural de investigación e información histórica, lo que sin equivaler al significado estricto de servicio educativo sí lo es en sentido amplio, abarcando investigación y cultura”. El Ministerio recordó que la ley recoge que estarán exentos del pago del IBI los edificios que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente vinculados con la seguridad ciudadana y los servicios educativos y penitenciarios así como los del Estado afectos a la defensa nacional. El TSJC estimó que la interpretación que hizo el Ayuntamiento de la educación tenía carácter restrictivo al no incluir la investigación. El Tribunal consideró probado que la realización de tesis y tesinas requiere la consulta y estudio de los documentos que están en los archivos.

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El juzgado de lo penal de Palma de Mallorca, condeno al ex Alcalde de la ciudad de Andratx,  Eugenio Hidalgo, a una pena que consiste en una multa por encubrir una obra ilegal en el municipio aparte de estar cumpliendo condena entre otras por la infidelidad en la custodia de archivos.

En el juicio que se celebro, perteneciente a la parte número 2 del “Caso Andratx” de corrupción urbanística.

Durante la celebración del juicio, que se celebro en el juzgado de lo penal número 4 de Palma de Mallorca, los Abogados defensores del Ex Alcande Hidalgo han llegado a un acuerdo con el Fiscal y con la acusación particular del Ayuntamiento, por el cual se condeno a una pena de seis meses de prisión, que se ha sustituido por una pequeña multa de tres euros al día durante un año.

El Ex Alcalde está cumpliendo actualmente la condena por dos temas pertenecientes a este caso y que tienen que ver con la presunta corrupción urbanistica durante el anterior mandato, en el que está tambien condenado a seis años de cárcel por cohecho y tambien infidelidad en la custodia de archivos, prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio que le cayéron cuatro años.

¿Tiene ventajas la custodia de Archivos con A-Z?

Pues tiene bastantes ventajas que resumimos en 4 puntos:

- Reducción de los costes. (No tiene que contratar personal responsable de la custodia de archivos, ya que contratando los servicios de custodia de archivos, no tiene que almacenar documentos continuamente).

- Mayores medidas de seguridad (Toda su información la tendrá protegida en un ESPACIO PROTEGIDO, en un lugar muy seguro y con un personal altamente cualificado para realizar la custodia de archivos y de sus documentos).

- Reducir inmensamente el espacio (Se reduce el espacio destinado a almacenar sus documentos confidenciales, ya que su empresa deja de tener un espacio reservado para almacenar).

- El Ahorro del tiempo (Usted no tiene que perder ni un minuto en buscar sus documentos confidenciales porque ponemos al alcance de su Empresa en menos de 24 horas su documentación para que no pierda tiempo ningún empleado en la localización de sus documentos).

Maite Salord, que es la primera teniente de alcalde de Ciutadella, ha negado ante la sala y ante la juez que instruye el caso del famoso expediente que desaparecio que la Señora Doña Antònia Salord dejara dicha documentación en una de las estanterías del despacho de Maite, como explica y afirma la edil del Grupo Mixto el día 8 de noviembre en la declaración que realiza ante el juez.

La ex concejala de Policía, asistio al Juzgado nº 2 de Ciutadella en calidad de imputada por presunto delito de prevaricación e infidelidad en la custodia de archivos.

Estos hechos tienen bastante relación con la desaparición misteriosa de un expediente disciplinario urbanístico en contra de un miembro de la policía local afiliado al sindicato  C.C.O.O.,  y afín a la susodicha regidora, lo que ha motivado que en su día se presentara una demanda judicial por parte del partido político Unió des Poble de Ciutadella.

asegurando en una primera declaración que no se acordaba de dónde podía haber quedado el expediente, Antònia Salord cambió su versión en la declaración que realizo ante la juez, confirmando que dejo la carpeta de los documentos en una de las estanterías de su despacho haciendo a la propietaria responsable de la custodia de los archivos.

En la declaración que ha realizado la concejala de Cultura, desmiente categoricamente, la afirmación de la antecesora en el cargo, al afirmar que dicho expediente no estaba en ninguna de las estanterias de su despacho, ni en ningún otro sitio del mismo.

Como era de esperar los relatos de los hechos acontecidos sobre la custodia de archivos, difiere entre una versión y la aportada por las dos imputadas.

La Biblioteca de Extremadura realizara la custodia de archivos en sus instalaciones de una perla de la bibliográfica que se añadira a las que ya existen actualmente en sus fondos históricos. Hablamos de la primera edición publicada en Americana de la archipublicada novela del Español universal Don Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la mancha”´, que fue publicada en México alla por el año 1833, conforme a la versión publicada en España de la Real Academia Española en Madrid en el Año 1782.

Esta publicación es una de las seis publicaciones conocidas de la primera edición según se conoce, aunque puede ser que pueda haber algún ejemplar que esté en posesión de algún coleccionista privado,  este ejemplar fue donado  a la biblioteca de Burgos por el arqueólogo Mejicano Roberto Junco para su custodia de archivos.

Este Bibliofilo Mejicano ha decidido donar ésta y otras joyas de la escritura a las instancias de la Comunidad Extremeña porque conoce el buen hacer y rigor con que la Biblioteca de Burgos realiza su trabajo.

La consejera de Cultura de Extremadura, Doña Manuela Holgado hizo publico la custodia de archivos de esta obra, cuando presento la misma que fue donada con varios documentos de gran valor.

La Conselleria de Industria por medio del Instituto de Innovación  de las Empresas, ha decidido editar una guía para explicarles a las empresas la forma de implantar un sistema de seguridad de información en sus Empresas para la custodia de archivos.

Esta guía esta realizada siguiendo las normas de calidad ISO 27001 y 27002 en la seguridad de la Información y como objetivo tiene poder evitar graves desastres que pueden ser causados por sabotajes en las Empresas, fraude o acciones vandálicas y así poder asegurar la confidencialidad de la información y al mismo tiempo la integridad del cada negocio.

El departamento que pertenece y dirige la consejera Francesca Vives, hace incapié en un escrito que la aplicación de este tipo de sistemas de sistema de gestión de seguridad de la información es “Muy importante” para el desarrollo de los negocios.

Los empresarios que adopten estas medidas y decidan aplicar uno de estos sistemas explicados en la guía estarán en disposición de garantizar la custodia de archivos al más alto nivel de calidad, confidencialidad y seguridad de la información, según comenta dicha Conselleria en su comunicado.