Destrucción de documentos en Justicia Andaluza

Destrucción de documentos.

Los juzgados están saturados de trabajo pero también de expedientes archivados que ya no caben en las instalaciones y que dejan la imagen de columnas de papeles agolpados en pasillos o esquinas a la espera de encontrar una mejor ubicación. Pero parece que ya se está poniendo solución a esto. Consciente del problema, la Consejería de Justicia e Interior y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han realizado la destrucción de documentos ya, a través de la Junta de Expurgo, cerca de 150.000 expedientes judiciales antiguos y sin valor de los juzgados de Granada guardados en más de 2.500 cajas con el objetivo de liberar espacios en los archivos.

Esta actuación, de la que ayer informó la Junta en un comunicado, es fruto del acuerdo adoptado por la Junta y el TSJA para realizar la destrucción de documentos  selectiva de aquella documentación carente de interés para ser conservada y procedente de los órganos judiciales de Granada. Los expedientes destruidos proceden del los juzgados de Instrucción de la capital y correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90. 

La delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, aseguró ayer que «este proyecto de destrucción de documentos pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público». 

García aseguró que «no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen valor ni interés y que están ocupando inútilmente los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o destinarlo a otros usos más perentorios». 

Esta destrucción de documentos selectiva de documentación ha sido acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada mediante la destrucción de documentos, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos. La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Archivos de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico. 

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales para realizar la destrucción de documentos es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural. 

El TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa. La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería. 

Por último, García subrayó que el nuevo modelo de gestión documental que se está impulsando se inserta en la decidida apuesta del Gobierno andaluz por la modernización de la Administración de Justicia y el desarrollo de las nuevas tecnologías con el objetivo de ir avanzando hacia una progresiva eliminación del papel. En este sentido, la delegada ha puesto de relieve la implantación de forma pionera en los juzgados de Granada de una aplicación informática, denominada «Jara», que permite gestionar adecuadamente la documentación judicial así como la realización de las propuestas de destrucción de documentos a la Junta de Expurgo.

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